Ley pionera contra el desperdicio alimentario en España

El Gobierno de España ha dado un paso histórico en la lucha contra el desperdicio de alimentos con la aprobación del proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Esta normativa, aprobada en el Consejo de Ministros, es la primera de su tipo en España y se alinea con el compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Contexto y objetivos de la Ley

El desperdicio alimentario se ha convertido en un problema social, económico y ambiental de gran relevancia. Durante el año 2020, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos o litros de alimentos, lo que equivale a un promedio de 31 kilos o litros por persona. Esta realidad representa una pérdida económica significativa estimada en 250 euros por persona, además de un uso ineficiente de los recursos naturales empleados en la producción de alimentos.

La nueva ley busca «regular y concienciar» a la población sobre la necesidad de reducir el desperdicio alimentario y fomentar el aprovechamiento eficiente de los recursos. Según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se trata de una «necesidad social» que implica regular el uso preferente de los alimentos para consumo humano y sensibilizar a la sociedad.

Jerarquía de prioridades en el uso de alimentos

La normativa establece una jerarquía de prioridades para la utilización de los alimentos que busca evitar su desperdicio:

  1. Consumo humano: La prioridad máxima es la donación o redistribución de alimentos a través de convenios con entidades sociales y bancos de alimentos. Los alimentos donados deberán cumplir con medidas de trazabilidad y no podrán ser comercializados.
  2. Transformación de alimentos: Aquellos productos que no se hayan vendido pero mantengan condiciones óptimas podrán ser transformados en otros productos como mermeladas o zumos.
  3. Uso para alimentación animal: Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, se podrán destinar a la fabricación de piensos.
  4. Subproductos e industria: Los alimentos que no puedan ser aprovechados para consumo humano o animal podrán ser utilizados en otros procesos industriales.
  5. Compostaje o biocombustibles: Como última opción, los alimentos que no puedan ser reutilizados se destinarán a la obtención de compost o biocombustibles.

Buenas prácticas y obligaciones de la cadena alimentaria

La ley exige que todos los agentes de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta la distribución y el consumo, dispongan de un plan de prevención para minimizar las pérdidas de alimentos. Esto se debe realizar mediante un autodiagnóstico de los procesos productivos, identificando áreas de mejora y proponiendo soluciones.

Además, las empresas de hostelería deberán facilitar envases adecuados para que los consumidores puedan llevarse los alimentos no consumidos, salvo en establecimientos de tipo bufé libre.

Entre las medidas promovidas se incluye la venta de productos «feos, imperfectos o poco estéticos», así como la promoción del consumo de productos de temporada, proximidad o ecológicos. Asimismo, se incentiva la venta de productos con fechas de consumo preferente o caducidad próximas.

Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La ley forma parte del compromiso de España con el cumplimiento del ODS 12.3, que establece la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores, así como reducir las pérdidas a lo largo de la cadena de producción y suministro.

Planificación estratégica y control

Para garantizar la implementación efectiva de la ley, el Gobierno desarrollará un Plan Estratégico que involucrará a varios ministerios, como Agricultura, Pesca y Alimentación, Derechos Sociales y Agenda 2030, Consumo, Transición Ecológica, Industria, Comercio y Turismo, Inclusión Social y Migraciones, y Asuntos Exteriores.

Este plan será revisable cada cuatro años y se elaborará un informe anual para evaluar los resultados obtenidos.

Conclusión

La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario representa un avance significativo en la gestión responsable de los recursos alimenticios en España. Al establecer un marco normativo que prioriza el consumo humano, fomenta la transformación de productos y asegura la trazabilidad de las donaciones, el Gobierno busca crear un cambio de conciencia en la sociedad que contribuya a la sostenibilidad del planeta.